Chile cuenta con una base legal sólida en materia de privacidad: el derecho a la vida privada y a la protección de los datos personales está consagrado en la Constitución, en su artículo 19 N°4. No es menor: pocos países en la región han elevado este principio a nivel constitucional. Sin embargo, esa garantía, aunque importante, no ha sido suficiente.
En la práctica, la protección de datos sigue siendo débil, fragmentada y muchas veces ignorada por quienes deberían cumplirla.
Nos piden el RUT para todo. Nos fotocopian el pasaporte en hoteles, nos exigen el carnet en clínicas, hasta en gimnasios. En muchos lugares, si no compartimos nuestros datos no accedemos a la oferta o, peor aún, al servicio completo.
Según el Informe Global de Amenazas de Llamadas de 2024, recibimos, en promedio, 28 llamadas telefónicas no deseadas al mes. Estamos entre los países con más spam telefónico del mundo. Nuestros datos están dispersos, replicados en bases que nunca supimos que existían.
La desconfianza es generalizada: el 83% de los chilenos no cree que sus datos estén bien protegidos, ni por el Estado ni por privados. Aunque el SERNAC ofrece iniciativas como “No molestar” para bloquear llamadas, el problema de fondo persiste: nuestros datos personales ya están dispersos. Y eso no se resuelve con parches. Hoy se plantea un cambio estructural, pero eso no es suficiente.
A los ciudadanos nos preocupa la privacidad (el 72% dice temer la recolección de sus datos), pero no actuamos: el 48,9% nunca lee las políticas de privacidad. Hay una brecha brutal entre intención y acción.
Según la Encuesta de Privacidad del Consumidor de Cisco (2023), las nuevas generaciones empiezan a moverse: el 42% de los consumidores entre 18 y 24 años ya ejerce sus derechos de acceso a datos, comparado con solo un 6% de los mayores de 75 años. Es una señal de cambio. No necesariamente por cultura digital, sino porque crecen en un mundo donde el control de los datos ya es parte de su identidad.
Aun así, el rezago cultural sigue siendo profundo.
En diciembre de 2024 se publicó la Ley 21.719, que regula el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Esta ley actualiza y moderniza la antigua Ley N.º 19.628, elevando los estándares de protección. Entrará en vigor en diciembre de 2026, pero el futuro no espera. Con la llegada de agentes autónomos, inteligencias artificiales que interactúan, recolectan y procesan información en tiempo real, no podemos seguir con un estándar bajo o reactivo. Lo que hoy se traduce en llamadas molestas, mañana puede transformarse en un riesgo real, profundo e invisible: ¿Estamos preparados como país para proteger lo que es nuestro en este nuevo internet? ¿Y esta vez, sí estaremos a la altura de nuestras propias declaraciones? No basta con buenas intenciones.
Como país, tenemos que trabajar juntos y exigir que empresas e instituciones públicas cumplan con el nuevo estándar de privacidad. Que la declaración esté en la Constitución y que se haya modernizado la ley es un tremendo inicio. Ahora necesitamos que los servicios digitales estén a esa altura, que la tecnología juegue a nuestro favor, que la privacidad realmente nos importe como sociedad.
Respondiendo a la pregunta inicial: ¿Es Chile un país privado? A mi juicio, aún no.
Pero sí tenemos la oportunidad de serlo.
Y, quién sabe, tal vez hasta convertirnos en referentes de privacidad en Latinoamérica y el mundo. Porque cuando este país se propone algo, lo logra.
