En el año 1948 la ONU reconoció el derecho a la intimidad y con ello sentó las bases del derecho a la privacidad a nivel global y hoy inspira las leyes modernas de protección de datos en todo el mundo.
Según la IAPP (International Association of Privacy Professionals), a comienzos de 2025 el 82% de las personas en el mundo está protegido por alguna legislación nacional de privacidad de datos (1). Nunca antes tantas personas habían estado cubiertas por normas que regulan cómo se usan, comparten y protegen sus datos personales.
Esta cifra no es casual ni repentina. Es la respuesta a una transformación profunda: los datos se convirtieron en el combustible de la economía digital. Hoy, gobiernos, empresas y organizaciones en general, basan decisiones críticas en datos personales: desde el acceso a créditos y seguros, hasta servicios de salud, empleo, educación o beneficios sociales. En otras palabras, los datos ya no son neutros: inciden directamente en nuestra vida cotidiana.
En este contexto, permitir el uso de datos sin definir responsabilidades claras dejó de ser una opción.
Durante años, la tecnología avanzó más rápido que las leyes. Se recopilaron volúmenes masivos de datos, se cruzaron bases de información, se automatizaron decisiones y se entrenaron algoritmos, muchas veces sin que las personas supieran realmente qué estaba ocurriendo con su información. El resultado fue una creciente sensación de pérdida de control, acompañada de filtraciones, fraudes, errores sistémicos y usos abusivos de datos personales.
El ecosistema digital ha avanzado a una velocidad inédita, y con ello nuestro derecho a la privacidad —el derecho a decidir qué información compartir y con quién— se ha vuelto más vulnerable. Los riesgos aumentan constantemente: el uso cada vez más intensivo de datos, la capacidad de identificar patrones invisibles incluso para los seres humanos, la hiperpersonalización, los ciberataques, la dificultad de fiscalización y, más recientemente, la irrupción masiva de la inteligencia artificial generativa, entrenada con enormes volúmenes de datos, sólo acrecienta la complejidad de proteger nuestra intimidad.
Frente a este escenario, países de todos los continentes comenzaron a reaccionar. Se aprobaron leyes de privacidad más estrictas, inspiradas en estándares como el GDPR europeo, reconociendo algo fundamental: proteger los datos personales no es solo proteger información, es proteger a las personas. Su dignidad, su privacidad y, al mismo tiempo, construir confianza entre personas y organizaciones.
Sin ir más lejos, en Chile, la Ley 19.628 de Protección de la Vida Privada existe desde 1999, pero nació en una época en que no existían los desafíos de las redes sociales, el big data ni la inteligencia artificial. Y si bien en 2018 se dio un paso histórico al reconocer constitucionalmente el derecho a la protección de la privacidad y de los datos personales, es recién con la Ley 21.719, que entrará en vigor en diciembre de 2026, que Chile se pondrá realmente al día con los estándares internacionales. La actualización del marco normativo busca responder a esta nueva realidad mediante:
- El fortalecimiento de los derechos del titular
- La exigencia de responsabilidad real a las organizaciones
- La incorporación de sanciones efectivas y un ente fiscalizador
- El reconocimiento de un mundo globalizado, exigiendo estándares adecuados cuando los datos salen del país
Todo ello con un objetivo simple, pero profundo: Que el uso de nuestros datos no sea a costa de nuestros derechos.
(1) Fuente: iapp.org
